Menores

Menores:
Recortar, optimizar, racionalizar, ahorrar, priorizar. Sería muy larga la lista de adjetivos o eufemismos que se utilizan cada día para explicar que se cierra, suprime, elimina o reduce un servicio determinado.
Aquello que decían el estado del bienestar, y que no acabamos de alcanzar nunca, tenía bases sólidas en la sanidad, la educación y en algunos aspectos sociales.
Que últimamente se han ido adelgazando.
Siempre en detrimento de servicios básicos o que afectan a las capas más débiles de la sociedad.
Ahora toca el turno a los menores.
Los menores, que cuando delinquen no se les puede aplicar el Código Penal, sino que se les aplica una ley de responsabilidad específica para los más joven.
Hay centros especiales para los menores, creados con la finalidad de conseguir reinsertarlos sin conflictos en la sociedad.
Por eso se repartieron estos espacios por todo el territorio: los menores internos en estos centros tenían que estar cerca de las familias, de sus abogados y los jueces que llevan su caso.
Estos aspectos ahora ya no se tendrán tan en cuenta en el nuevo modelo incierto al que estamos abocados.
La decisión política ha sido contundente: había que cerrar centros de menores en Girona y Mollet.
Todo sea por la prima de riesgo!

el ciberacosador y su condena

El ciberacosador de menores, condenado a 192 años, de los que solo llegará a cumplir once años.
Obligaba a chicas menores a que le enviasen fotos sexuales.
La abogada de la acusación dice que están "indignadas".
El presunto ciberacosador sufre trastorno esquizoide.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 192 años y dos meses de cárcel -de los que cumplirá once- a Jorge M.C., el joven gaditano que fue juzgado el pasado mes de marzo por acosar a 67 jóvenes de toda España, la mayoría chicas menores a las que obligaba a enviarle fotos sexuales.
En la sentencia, la sección tercera de la Audiencia madrileña considera a Jorge, de 27 años y natural de Chipiona (Cádiz), autor de 64 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, 9 de elaboración de pornografía infantil, 1 contra la integridad moral, 5 de amenazas graves, 1 de distribución de pornografía infantil y 5 faltas de injurias.
Sin embargo, los jueces explican en su escrito que según lo dispuesto en el artículo 76 del Código Penal el tiempo máximo de cumplimiento efectivo será de 11 años de prisión.
Dicho precepto establece que "el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años".
La pena más grave de las que se ha impuesto al acusado es la de tres años y ocho meses de prisión por tres de los delitos de amenazas graves.
El tribunal, además, ha aplicado al acusado la atenuante simple de trastorno de la personalidad, según fuentes jurídicas, por lo que le ha aplicado las penas correspondientes a cada delito en su grado inferior.
"Indignadas por la condena"
La abogada del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), Carmen Carcelén, que ejerció la acusación particular en nombre de tres de las víctimas, ha señalado que éstas están "indignadas" por la condena, mucho menor de la que esperaban, que discrepan sobre el posible trastorno mental alegado por Jorge y que van a recurrir la sentencia.
Durante el juicio, el fiscal rebajó su petición de pena en sus conclusiones finales de 359 años a 308 años de cárcel al reducir de 81 a 67 el número de chicas y chicos que sufrieron las amenazas y coacciones del procesado.
El fiscal explicó que algunas de las víctimas no habían querido seguir adelante con sus denuncias y que no se las podía "meter en el proceso en contra de su voluntad".
Por su parte, Carcelén, que representó entre otras a una joven madrileña cuya denuncia dio origen a la investigación, subrayó que por el hecho de colgar fotografías en las redes sociales nadie se estaba "ofreciendo" como "un reclamo" y estimó que algunas páginas de Internet son "un campo de cultivo para encontrar víctimas vulnerables y propensas a caer en este tipo de coacciones".
El letrado de la defensa, Juan Carlos Higuera, pidió la libre absolución de su cliente estimando que en este procedimiento las "consecuencias gravísimas" para las "pretendidas" víctimas y la "crueldad" del procesado habían "brillado por su ausencia".
La sentencia también dicta que nueve de las víctimas sean indemnizadas por el condenado al pago de entre 500 y 30.000 euros cada una.
Además, los magistrados han rechazado imponer al acusado la medida de 15 años de alejamiento solicitada por varias de sus víctimas, ya que como algunas de ellas han cambiado de domicilio en este tiempo sería necesario identificar sus direcciones y localidades de residencia, lo que "puede causar más perjuicio que beneficio".